Las ventajas del legal SaaS para los despachos de abogados

De acuerdo con un informe de Statista, en 2021 la industria del legaltech generó ingresos de 27.6 mil millones de dólares (USD) alrededor del mundo y se prevé que para 2027, dicha cifra alcance los 35.6 mil millones de dólares (USD). Es decir que nos encontramos en el auge de la industria del legaltech y por ello es importante preguntarnos ¿por qué hay tanto valor detrás de las tecnologías aplicadas al sector legal?.

Hasta hace poco, la idea de un despacho de abogados no se asociaba con la aplicación de herramientas tecnológicas. Pero, en los últimos años, esta idea tradicionalista ha cambiado ante la exponencial adopción de la tecnología en otras ramas industriales y, especialmente, después de la pandemia de Covid-19, que obligó a los profesionales del sector legal a adoptar la tecnología para continuar con su trabajo de forma remota.

Ahora, es difícil concebir a un despacho de abogados que no utilice alguna herramientas de legaltech para automatizar procesos, reducir costos o mejorar la experiencia del cliente, pues esto proporciona una gran ventaja competitiva frente a los despachos que no utilizan tecnología.

Y, dentro del propio ecosistema de las herramientas de legaltech, uno de los principales modelos de negocio que empresas y despachos alrededor del mundo están adoptando para reducir costos y aumentar ganancias es el modelo del legal SaaS.

De acuerdo con el autor Ricardo Torres García, en el libro “Fintech, Regtech y Legaltech: Fundamentos y desafíos regulatorios”, todas las empresas que ofrecen productos de legal SaaS para las firmas de abogados tienen como valor añadido la automatización de trabajo repetitivo y el ahorro de tiempo.

Esto se traduce en que, a través de un coste fijo, los procesos dentro de un despacho de abogados se vuelven automáticos y altamente eficientes, reduciendo así la mano de obra necesaria para determinadas tareas administrativas, tradicionalmente realizadas por los asistentes legales (también conocidos como paralegals).

Qué es el modelo de legal SaaS.

La computación en la nube, o simplemente conocida como “nube”, es una tecnología que permite subir, usar o modificar archivos y programas informáticos sin que estos se encuentren instalados dentro del dispositivo que se está utilizando. Los archivos y programas informáticos se encuentran alojados en grandes servidores a los que se puede acceder de forma remota a través de una conexión de internet, sin necesidad de instalación o descarga.

La computación en la nube ha permitido el surgimiento de muchas empresas exitosas que han establecido su modelo de negocios basado en la “nube”, tales como Netflix, Amazon o Google. En general, los modelos de negocio en la “nube” pueden clasificarse entre:

IaaS (infraestructura como servicio).

PaaS (Plataforma como servicio).

SaaS (Software como servicio).

El Software como servicio, ofrece la posibilidad de que las personas usuarias utilicen determinadas aplicaciones sin necesidad de descargar o instalar algo en su computadora o dispositivo móvil. Esto se logra alojando las aplicaciones en la “nube”, en donde las personas usuarias con una conexión a internet pueden iniciar sesión y comenzar a trabajar ¡En un solo clic!.

Por otro lado, un ejemplo de IaaS sería Amazon Web Services o Microsoft Azure, mientras que ejemplos de SaaS bien puede ser Microsoft 365, Google Drive y hasta CMS WordPress.

Ahora, un SaaS va más allá de solo la nube. También implica una suscripción mensual o anual para el uso del sistema. Este pago garantiza que la compañía de software pueda ir agregando mejoras al sistema sin cobrar extra.

También permite que las empresas puedan comenzar de a poco y escalar rápidamente para obtener un retorno de la inversión rápidamente. A su vez, elimina la complejidad operativa y permite a las organizaciones realizar pruebas de concepto de manera más asequible.

De igual forma, con el SaaS se ofrecen opciones para cambiar las suscripciones y satisfacer las demandas cambiantes de una empresa conforme crezcan o de cómo el negocio se adecúe a la realidad del mercado.

De esta manera, el legal SaaS (cuyo significado en inglés es software-as-a-service) constituye uno de los modelos de negocio más rentables e importantes para la transformación digital del sector legal.

Las soluciones de legal SaaS son aplicables a un gran abanico de tareas que tienen los despachos de abogados y empresas, tales como revisión de documentos y contratos; investigación jurídica; herramientas para la administración y gestión de despachos de abogados; y hasta la gestión de procesos judiciales.

Cómo el legal SaaS se aplica en una firma de abogados.

Ya en la práctica, la tecnología de legal SaaS consiste en que un proveedor ofrece a las firmas de abogados un programa informático o una aplicación que se enfoca en solucionar alguna tarea propia del trabajo legal. Algunos ejemplos son: Gestión del personal dentro de una firma de abogados o departamento legal.

Gestión de las actividades dedicadas a cada asunto para determinar el tiempo facturado para cada cliente.

Comunicación interna entre los colaboradores de una firma o departamento legal.

Comunicación con los clientes a través de plataformas tecnológicas para crear experiencias fluidas de asesoría, pago o firma electrónica.

Gestión de los archivos y documentos del despacho, tanto administrativos como de los litigios y asunto jurídicos.

Investigación de jurisprudencia, precedentes y descubrimiento jurídico.

Bibliotecas legales.

Y hasta aplicaciones de inteligencia artificial.

El uso de esta tecnología no requiere de instalación alguna en las computadoras o dispositivos de los abogados, pues es accesible a través de una página web en la que las personas usuarias inician sesión con un usuario y contraseña. De tal manera que la información contenida dentro de la aplicación es accesible a cualquier hora y en cualquier lugar, mientras se tenga una conexión a internet.

Las firmas de abogados que utilizan el modelo de legal saas tienen más éxito.

En su libro “Los abogados del futuro”, Richard Suskind, uno de los más importantes autores en cuanto a la aplicación de tecnología en el sector legal, explica que la evolución de la actividad legal pasa a través de varias etapas.

La primera es la que se realiza de forma artesanal, es decir, que el trabajo del abogado comenzará desde cero, a partir de una hoja en blanco, y en su actividad artística logrará crear una demanda (o cualquier otro documento) hecho a la medida del problema.

No obstante, gran parte de la actividad de un abogado es realizada porque los problemas que se le presentan día a día en el escritorio guardan ciertas similitudes con otros que ya ha enfrentado anteriormente, por lo que ha llegado a estandarizar ciertos procesos y documentos.

La estandarización es algo que sucede en todas las firmas y departamentos legales, donde ya se cuenta con formatos preestablecidos para abordar problemas similares: demandas, contestación a demandas, solicitudes, renuncias, despidos y una lista larga de formatos jurídicos que hasta se venden en internet.

Además, el autor señala que la tercera etapa de evolución del servicio legal es la sistematización, que puede ser entendida como la digitalización de los flujos de trabajo, donde las tareas, actividades y roles de personal involucrado se puede procedimentalizar, para generar flujos de trabajo automáticos y aumentar en gran medida la eficiencia del trabajo legal.

Pensemos por un momento en el ciclo de vida de un contrato para ilustrar la idea anterior. Muy seguramente, el documento digital de un contrato pasa de formato a Word a PDF para luego ser impreso y posteriormente firmado por las partes involucradas.

Y aunque se puede pensar que con esto queda todo resuelto, esta idea es errónea, pues posterior a la firma, viene el seguimiento al contrato y cuando llega el momento, se tienen que hacer efectivos los términos del mismo o pensar en una renovación dependiendo de la naturaleza del contrato.

La importancia del legal SaaS para los abogados.

En la actividad tradicional de los despachos o departamentos legales, el ciclo de vida de un contrato pasa a través de diferentes procesos que, normalmente, están a cargo de un sólo abogado: desde la entrevista inicial entre el cliente y el profesionista legal, hasta la elaboración, aprobación y firma del propio documento.

Pero ¿es el mismo abogado quien realiza el seguimiento y está pendiente de los términos del mismo y una posible renovación? Con una plataforma de legal SaaS dedicada a la gestión del ciclo de vida de un contrato, es posible tener ya procesos automatizados, en donde se encuentran con documentos prellenados y listos para ser firmados electrónicamente.

El proceso permite: 

Optimizar los procesos

Ahorrar tiempo y costos

Tener a la vista siempre un seguimiento de todos y cada uno de los contratos que se han generado en una firma o departamento legal, incluyendo sus fechas de vencimiento para tener las renovaciones listas con buen tiempo de anticipación.

La tecnología de legal SaaS implementada en una firma de abogados o incluso en el departamento legal de una empresa (especialmente una PyME) revoluciona de una manera tan innovadora la actividad legal que abre las puertas a una forma de trabajo totalmente diferente para los abogados involucrados.

Cómo implementar la tecnología legal SaaS en una firma o departamento legal.

Implementar la tecnología de legal SaaS dentro de una firma de abogados o departamento legal es sumamente sencillo, pues hoy en día existen varias opciones en el mercado que se dedican a resolver diversas situaciones a las que se enfrentan los profesionales del sector jurídico. Dos excelentes opciones son TimeBillingX y CaseTracking, ambas creadas por Lemontech.

Para aquellas firmas y departamentos que necesitan un poco de ayuda con su organización, TimeBillingX es un software de gestión que permite: visualizar las métricas principales de cada uno de los casos de la firma o departamento legal, como las horas facturables o las horas por liquidar.

generar y enviar facturas desde el propio software directo hasta los clientes en un solo clic simplificar el registro de actividades a través de la identificación de las aplicaciones de trabajo más frecuentes como Office, Gmail, Meet, Teams, entre otras registrar de forma automática las actividades realizadas durante un día para generar una bitácora de eventos, que posteriormente se refleja en el informe al cliente sobre las actividades realizadas en relación a las horas facturadas.

Por otro lado, CaseTracking es un software de gestión de casos que permite realizar un seguimiento diario a cada uno de los asuntos que lleve un departamento o firma de abogados. Muestra diariamente los movimientos de los procesos judiciales que están en los tribunales y permite tener en una sola vista todos los procesos y personal involucrado en un despacho para asignar tareas, adjuntar documentos, agendar reuniones y agregar comentarios a las actividades.

Tanto TimeBillingX como CaseTracking tienen todas las ventajas que la tecnología de legal SaaS puede ofrecer a las firmas y departamentos legales. Las personas usuarias no necesitan instalar nada en sus dispositivos y tienen acceso a toda su información en tiempo real, a todas horas y en cualquier lugar, con tan sólo iniciar sesión en sus perfiles.

No esperes más y solicita una demostración de lo que TimeBillingX y CaseTracking pueden hacer para mejorar la eficiencia de tu despacho o departamento legal, automatizando procesos y reduciendo costos. Todo con el respaldo de ser tecnologías de legal SaaS desarrolladas por Lemontech.

Preguntas frecuentes sobre la tecnología de legal SaaS.

¿Qué es el SaaS?.

El Software como Servicio (Software-as-a-Service, por su significado en inglés) es una tecnología de computación en la nube, donde un proveedor proporciona acceso por internet a un usuario a determinado software sin necesidad de que tenga que descargar o instalar nada en su dispositivo.

¿Qué es la tecnología legal SaaS?.

Son soluciones tecnológicas de Software como Servicio que resuelven tareas de los despachos o departamentos legales a través de la automatización de procesos para ahorrar costes y aumentar la eficiencia.

¿Qué beneficios tiene la tecnología legal SaaS?.

La tecnología de legal SaaS proporciona valor añadido a través de la automatización de trabajo repetitivo y el ahorro de tiempo, lo que se traduce en que, a través de un coste fijo, los procesos dentro de un despacho de abogados se vuelven automáticos y altamente eficientes, reduciendo así la mano de obra necesaria para determinadas actividades administrativas tradicionalmente realizadas por asistentes legales.

¿Qué ventajas tienen las firmas de abogados que implementan la tecnología de legal SaaS en sus procesos frente a las que no?.

Adquieren una gran ventaja competitiva frente a las firmas de abogados que no utilizan este tipo de tecnología, pues realizan el salto de la estandarización a la sistematización y automatización de sus procesos, lo que ahorra costos, permite enfocar mejor el tiempo de los profesionales jurídicos y se traduce en mejores servicios para sus clientes.

Las ventajas del legal saas - Legaltech (lemontech.com)

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Originalidad, la clave para proteger bajo derechos de autor los contratos y demandas

Estos y otros documentos tendrán la posibilidad de ser protegidos en caso de que se pueda demostrar la completa autoría del mismo.

La masividad, premura y exigencias establecidas por la ley con la que se ejecutan las demandas y contratos en el contexto jurídico han hecho que constantemente este ejercicio pareciera un tema de copiar, pegar y sumar entre colegas, y por ende, se desdibuje su originalidad o derecho intelectual. Sin embargo, no es el común denominador en todos los casos. Hay abogados con la suficiente pericia técnica para plasmar sobre el papel los intereses de los clientes, partiendo de su propia inspiración y autoría. Teniendo en cuenta ambos panoramas queda el interrogante de ¿Cuándo un documento de estos puede considerarse como propiedad del autor y de qué manera suelen estar protegidos?.

En el mundo de la propiedad intelectual es frecuente encontrarse con preguntas acerca de la posibilidad de proteger una idea, un concepto, una aplicación, entre otras muchas opciones. Sin embargo, el hecho de que no esté expresamente dicho que las demandas y contratos estén cobijadas bajo el derecho de autor, hace que la doctrina jurídica coincida en que pueden encajar en la categoría de “escritos”. Pero para que esto ocurra es imprescindible la originalidad del documento.

ÁNGELA AMAYA SOCIA EN AMAYA PROPIEDAD INTELECTUAL.

“Cuando se trata de un contrato atípico que evidencia un esfuerzo importante donde la originalidad está clara y establecida, puede estar completamente protegido”.

EDUARDO VARELA SOCIO EN CAVELIER ABOGADOS.

“Siempre que se trate de documentos originales y de autoría propia, y no sean copiados ni fusilados de otros escritos de colegas, tiene protección autoral legalmente”.

Ángela Amaya, socia de Amaya Propiedad Intelectual, explicó que el objeto de protección del derecho autor es la obra, “entendida esta como la creación intelectual original en el campo literario y artístico susceptible de ser reproducida”. En ese sentido, el punto de partida aquí es la originalidad, es decir, que tenga el sello personal del creador y de cierta manera se revele como única y distinta de los demás.

“Cuando nos referimos a obras literarias no es solo el libro o la novela, sino que en derecho también nos referimos a textos académicos, como las demandas y contratos”. La única diferencia entre los unos y los otros, explicó, es que en el caso de lo jurídico no es tan fácil encontrar la “originalidad” por los contenidos mínimos que requieren los formatos. Sin embargo, cuando se trata de un contrato atípico que no está regulado en la ley y evidencia un esfuerzo importante donde la originalidad está perfectamente clara y establecida, puede estar protegido.

En el caso del código general del proceso de una demanda, se requiere incluir los hechos y datos; por ende no están protegidos por los derechos de propiedad del autor; no obstante, las pretensiones y algunas declarativas, sí pueden estarlo aunque de forma implícita.

“Una decisión judicial por supuesto es una creación individual original puesto que tiene la impronta del juez. Sin embargo, en el artículo 41 se establece que es permitido reproducir la Constitución, las leyes y los decretos bajo la obligación de conformarse puntualmente con la edición oficial siempre y cuando no esté prohibido. Si aparece una limitación significa que están protegidos pero deben tener una excepción por el interés público que ello envuelve”, agregó Amaya.

Asuntos Legales consultó a otros tres expertos en derecho de propiedad intelectual para terminar de concluir el interrogante si las demandas y contratos son una obra protegida, pero las opiniones estuvieron divididas.

Patricia Rengifo, socia de Ecija y Eduardo Varela Pezzano, socio de Cavelier Abogados, coincidieron con Amaya y afirmaron que estos documentos jurídicos corresponden a la rama de la propiedad intelectual “siempre y cuando no sean documentos copiados ni fusilados de otros escritos de colegas”, tal y como sucede con cualquier otra obra.

“¿Si redactar una demanda compleja y extensa lleva tiempo y esfuerzo, y el abogado invierte horas de trabajo escribiendo el texto, por qué no iba a tener derecho de autor?”, replicó Varela luego de anotar que la única excepción a esta regla es si los derechos en el texto de la demanda o del contrato original son de la firma para la que trabaja el profesional, “pues muchos abogados están vinculados a empresas de servicios legales y por el tipo de contrato, sus obras y creaciones intelectuales usualmente se ceden”, agregó.

La abogada Rengifo indicó que para dar un dictamen al respecto se requiere analizar la particularidad del caso. “Si bien, la estructura de una demanda en muchos casos está estandarizada por la forma en la que se presenta y el orden de los factores legales, probablemente el resto de los elementos literarios como son los textos y el análisis, si sean propiedad del autor”. De modo que, si un tercero llegara a copiarlo, estaría incurriendo en plagio. No obstante, está polémica está para revisarse.

Maria Jose Lamus, directora asociada de Lloreda Camacho & Co, señaló que en línea con lo que dicta la ley colombiana, son protegibles en derecho de autor toda creación intelectual que sea original y en su opinión las demandas no lo son. Agregó que pensar en la vía de derecho de autor a través de una demanda sería exacerbar el derecho e ir un poco más allá de lo que determina la constitución. “Eventualmente, podríamos pensar que un abogado escriba un párrafo muy importante, que sea inspirador y tenga su impronta personalizada para ser protegido de manera original, pero de ser así, se trataría casi que un ensayo y en ese momento dejaría de ser una demanda y se convertiría en una obra literaria protegida por el derecho de autor”.

Precisó que el texto general de la demanda corresponde a una compilación de ideas y de información con algunos apartados legales que no tendrían los requisitos de la originalidad que exige el derecho de autor en Colombia. “Escritos que tienen en su parte general lo que llamamos los abogados derechos generales de ley, así como de las personas involucradas”.

Originalidad, la clave para proteger bajo derechos de autor los contratos y demandas (asuntoslegales.com.co)

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Cómo usar formatos jurídicos en textos legales

Para analizar qué son y en qué nos pueden ayudar los formatos jurídicos, lo primero es conocer bien qué es un texto jurídico. Al fin y al cabo, el lenguaje jurídico es el que vamos a emplear en la mayoría de los documentos jurídicos.

Es crucial para una firma de abogados y para cualquier otro negocio jurídico el uso de formatos jurídicos en los textos legales, con el fin de garantizar las buenas prácticas dentro de la organización.

Ayudan a garantizar que los empleados, clientes y socios estén protegidos por la ley, y también protegen a la propia firma de las acciones legales emprendidas contra ella por sus clientes, agentes externos o los propios trabajadores.

Es importante utilizar formatos jurídicos correctos en los documentos porque tendrán un gran impacto en la interpretación posterior que se haga del mismo.

Por ejemplo, si utiliza formatos incorrectos para un contrato, podría ser considerado inválido por un juez u otra autoridad, que podría no entender lo que se está tratando de transmitir.

Si quieres que tus textos legales sean considerados válidos por los tribunales y otras autoridades, debes asegurarte de que siguen ciertos formatos jurídicos.

Un texto legal debe ser entendible, conciso y estructurado.

Al redactar un texto legal, es fundamental ser claro en los supuestos y preciso en los términos utilizados. Igualmente, también debe ser comprensible, conciso y estructurado.

Los escritos jurídicos tienen un tipo de lenguaje bastante técnico, y su contenido siempre incluye legislación, normativas y, si lo necesita, jurisprudencia.

La estructura de un escrito jurídico puede tener muchas características, pero desde luego hay tres premisas básicas. Debe ser: Entendible: Aun sin obviar que tendremos que usar lenguaje jurídico, el receptor del mensaje que estamos escribiendo debe enterarse con facilidad.

Conciso: No se debe redactar un escrito jurídico que ocupe hojas y hojas, donde el lector se pierda en un sinfín de hechos y fundamentos, y que no llegue a identificar qué queremos decir.

Estructurado: Todos los escritos jurídicos deben tener su encabezado, hechos, fundamentos de derecho y lo que solicitamos. Siempre la misma estructura porque de este modo facilitamos la lectura.

Cada uno de los documentos jurídicos que redactamos debe elaborarse con precisión y en relación con una serie de normas que, en definitiva, contribuyen a simplificar los procedimientos.

Conseguir una definición concreta del objetivo ayudará a maximizar la eficiencia, el esfuerzo y la inversión de dinero y, por supuesto, a minimizar los costes.

Para qué sirven los formatos jurídicos.

La redacción de escritos y demás documentos jurídicos es una tarea rutinaria en el trabajo diario de una firma de abogados. Lo normal es que cualquier gestor o abogado tenga que realizar unos cuantos escritos a lo largo de su jornada laboral.

Veamos algunos ejemplos de este tipo de documentos a los cuales podemos aplicar formatos jurídicos preestablecidos:

1. Documentos administrativos.

Los documentos administrativos son textos legales cuya finalidad principal es formalizar actos jurídicos directamente relacionados con la administración pública.

2. Contratos de trabajo.

Son documentos que suelen formalizar transacciones comerciales o laborales. Prueban un acuerdo entre dos o más partes. Este tipo de documentos jurídicos deben realizarse según la legislación vigente de cada país o con arreglo al derecho internacional privado si se trata de transacciones internacionales.

3. Acuerdos con proveedores y clientes.

La relación comercial con proveedores y clientes debe quedar bien reflejada en los acuerdos que se realicen con los mismos. Al fin y al cabo son tipos de contrato especiales, pero no dejan de ser una especialidad jurídica.

Los escritos legales son una parte crucial del proceso legal. Estos escritos son esenciales para garantizar la continuidad del vínculo comercial y laboral y el respeto de las cláusulas que los contemplan.

Por qué facilitar la redacción de argumentos jurídicos a través de formatos jurídicos actualizados.

Cuando escribimos un texto pretendemos transmitir una idea a todo aquel que lo lea, por lo que la información debe ser correcta y coherente.

Pero, ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestra escritura es clara y comprensible?.

La respuesta es: asegurándonos de que el lenguaje que utilizamos es de naturaleza legal y ha sido actualizado de acuerdo con los últimos formatos legales.

El uso de formatos jurídicos actualizados nos permite acelerar el proceso de redacción de un escrito jurídico, demanda, denuncia o querella:

En primer lugar, evitamos redactar continuamente los mismos fundamentos de derecho.

En segundo lugar, los encabezados, donde vamos a escribir el nombre, domicilio, y demás datos propios o del cliente, siempre tiene el mismo formato en todos los escritos jurídicos.

En tercer lugar, en caso de duda, un formato jurídico actualizado siempre nos va a permitir realizar una consulta sobre la temática jurídica de la que estamos redactando, dado que tenemos prescritos ya el objeto de la pretensión y sus fundamentos de derecho.

Cómo gestionar los formatos jurídicos.

Como si de una fábrica de coches se tratase, debemos poder escribir nuestros documentos jurídicos en cadena, gracias a nuestros formatos jurídicos actualizados. Por ello, debemos tener bien ordenados estos formatos para poder acceder a ellos con rapidez y facilidad.

Entre los principales objetivos de la gestión de los formatos jurídicos podemos destacar estos tres:

Mantenga sus formatos legales en orden y con una correcta clasificación. Todos los formatos legales se guardan en carpetas y archivos en la nube.

Gracias a la nube podemos acceder a nuestros formatos jurídicos actualizados desde cualquier parte del mundo y al instante.

Centralizar en una carpeta nuestro repositorio de formatos jurídicos, nos facilitarán el proceso de búsqueda, redacción y edición.

¿Por qué usar un sistema de gestión documental para nuestros formatos jurídicos?.

Debemos tener un buen sistema de gestión documental para cualquier expediente de nuestra firma, pero igualmente para nuestros formatos jurídicos, porque al fin y al cabo son documentos que debemos tener a mano y conocer dónde se encuentran en cada momento.

Para poder realizar una gestión correcta de los formatos jurídicos y demás documentos y archivos debemos usar un Sistema de Gestión Documental (SGD) o según su terminología inglesa Document Management System (DMS).

Esta herramienta digital y en la nube conseguirá centralizar el control de todos y cada uno de los documentos de la firma de abogados.

El sistema más utilizado en América Latina es CaseTracking. En su virtud, no es solo un SGD. Además de cumplir con cada una de las funciones elementales de un sistema de gestión documental, añade la especialización en la gestión y trámite de trabajos jurídicos.

Como ya podrás suponer, CaseTracking funciona a través de la nube y permite que abogados y demás trabajadores de una firma de abogados puedan subir, consultar y editar cualquier tipo de documento, incluidos los formatos jurídicos actualizados de los que disponga.

Todo desde cualquier parte del mundo y desde cualquier dispositivo digital, ya sea un ordenador portátil, un PC, tablet o smartphone.

FAQs: Preguntas frecuentes.

¿Qué es un texto jurídico?.

El texto jurídico es el formato que utiliza el lenguaje de una forma precisa para conseguir un fin concreto que, primordialmente, es regular la vida social y aplicar el derecho.

¿Dónde se emplean los textos jurídicos?.

Con los textos jurídicos se crea y aplica el derecho. Las leyes y demás normas son ejemplos de textos jurídicos que crean derecho. Otros como las providencias, autos, sentencias y otras diligencias judiciales son ejemplos de textos jurídicos que acuerdan cómo aplicar el derecho.

¿Cómo se redacta un documento jurídico?.

Intentar escribir con la mayor naturalidad posible evitando palabras rebuscadas, latinismos en exceso y extranjerismos. Utilizar la voz activa mayoritariamente. Evitar errores por no revisar el texto. Ante todo, tratar de redactar párrafos cortos.

¿Por qué usar formatos jurídicos actualizados?.

Porque reducirá drásticamente su tiempo de redacción de escritos, demandas e informes jurídicos optimizando su tiempo de trabajo diario.

Cómo usar formatos jurídicos - Legaltech (lemontech.com)

Qué es el derecho informático? Características y ejemplos

Quienes saben qué es el derecho informático tienen claro que esta especialidad abarca todas las leyes relacionadas con la transferencia, uso y almacenamiento de información en formato electrónico. Por tanto, involucra cualquier ley que tenga que ver, de una u otra forma, con ordenadores y otros dispositivos electrónicos que sirvan para almacenar información.

El derecho informático incluye una amplia gama de aspectos, que van desde la seguridad, a los derechos de privacidad o la propiedad intelectual.

¿Qué es el derecho informático?.

El derecho informático, también conocido como derecho tecnológico, es el marco jurídico que actúa para regular todo lo relacionado con los datos y la información electrónica de cualquier tipo.

Entender qué es el derecho de la informática implica aceptar que el mundo se está transformando al ritmo en que aparecen nuevos e importantes avances tecnológicos en una variedad de campos, como la tecnología de las comunicaciones de información, la inteligencia artificial, la nanotecnología, la tecnología espacial, la biotecnología o la computación cuántica, entre otros.

Se trata de innovaciones altamente disruptivas y capaces de producir cambios transformadores importantes en el funcionamiento de las sociedades. Avances muy diferentes, pero con un elemento común: que se centran en la recopilación, el procesamiento y el análisis de enormes cantidades de datos, dando origen a lo que conocemos como justicia digital.

Características de lo que es derecho tecnológico.

Entre las principales características de lo que es el derecho de la informática se encuentran las siguientes. 

El derecho informático se puede relacionar directamente con cualquier otra disciplina jurídica, dependiendo de si, por ejemplo, un proceso mercantil, judicial u otro tiene que ver de alguna manera con datos electrónicos.

El derecho informático representa una innovación jurídica importante, por lo que aún el sistema judicial se encuentra definiendo dentro de esta rama los tipos de delitos y de sanciones que pueden existir.

Todavía se encuentra bajo debate de si el derecho informático es una rama autónoma e independiente o si, por el contrario, depende de las otras ramas del derecho. A pesar de esta incertidumbre, el derecho informático cuenta ya con sentencias de tribunales, jurisprudencias y razonamientos de teóricos.

Clasificación de lo que es derecho informático.

Para hablar sobre la clasificación de lo que es derecho tecnológico hay que tener en cuenta que, como se dijo anteriormente, esta área legal todavía no está formalmente considerada como una especialidad jurídica autónoma e independiente de las demás ramas. Por tanto, no existe de manera específica una clasificación del derecho de la informática.

Sin embargo, lo que sí debemos entender es que esta área legal pertenece a una categoría llamada iuscibernética, cuyo término proviene de la combinación de “jurisprudencia y medición”, y hace referencia al estudio de la aplicación de la estadística en el derecho.

Así, por su parte, la iuscibernética está compuesta por las siguientes áreas:

Jurimetría.

Informática jurídica.

Modelística jurídica.

Derecho informático.

Ejemplos de lo que es derecho tecnológico.

Algunos ejemplos de aplicación del derecho de la informática son: Contratos. Los de compraventa de material informático, software, hardware y otro tipo de tecnologías, en línea o fuera de línea están redactados por abogados especialistas en esta disciplina, que también contribuyen a regular las relaciones entre empresas y los terceros que desarrollan su sitio web o un software personalizado. Más recientemente, también han empezado a ocuparse de redactar los Smart Contracts, un tipo de acuerdo que también está bajo los auspicios de las normas jurídicas de lo que es el derecho tecnológico. Intimidad. Los abogados informáticos contemplan y abordan cómo mantener segura la información sensible en un mundo donde los datos están disponibles con solo hacer clic en un botón. Estos especialistas en lo que es derecho informático ayudan a sus clientes a determinar la mejor manera de asegurar la información del cliente, implementan políticas para proteger a la empresa de la responsabilidad en caso de incumplimiento y guían a las organizaciones para decidir si pueden o no compartir la información personal que recopilan y cómo hacerlo legalmente.Propiedad intelectual. Las empresas crean nuevos productos, trabajos artísticos y estrategias de marketing para hacer negocios en línea. Los profesionales que saben qué es el derecho informático deben ayudar a estas organizaciones a preservar su trabajo para que puedan beneficiarse de él. Lo hacen ayudándoles a solicitar una patente para nuevas tecnologías, registrando una marca comercial para uso exclusivo de la empresa y preservando el uso de sus productos de violaciones de derechos de autor.

Además de estos usos tan frecuentes, quienes entienden qué es el derecho de la informática y se dedican a esta especialidad pueden ayudar a sus clientes a averiguar cuál es su responsabilidad como propietarios de un sitio web para con los clientes y qué leyes de privacidad son de aplicación en cada territorio que operan.

Principios y valores, como la equidad, la igualdad, la inclusión, la responsabilidad, la transparencia y la rendición de cuentas, podrían verse afectados negativamente por ciertos avances tecnológicos. Reflexionar acerca de esto es parte de la importancia de entender qué es el derecho informático y una de las formas de aplicarlo al día a día de las operaciones de negocio de manera efectiva.

Preguntas frecuentes sobre el derecho informático.

¿Qué es el derecho de la informática?.

El derecho informático es el marco jurídico que regula la protección, el uso, acceso y resguardo de cualquier tipo de dato electrónico e información digital.

¿Cuál es la importancia del derecho informático?.

La importancia del derecho informático se basa en la necesidad de implementar la justicia en todo lo relacionado con medios electrónicos.

¿Cuál es un ejemplo de derecho informático?.

Un ejemplo de derecho informático es el de la protección de datos de los usuarios que se registran en las páginas web.

¿Dónde se aplica el derecho informático?.

El derecho informático se aplica transversalmente a todas las demás áreas del derecho que se puedan relacionar con el uso de medios informáticos.

Todo lo que debes saber sobre el derecho informático - Legaltech (lemontech.com)

Justicia digital en el mundo, en Chile, México y Colombia

La justicia digital consiste en integrar soluciones tecnológicas en los tribunales con la finalidad de modernizar y optimizar los procesos judiciales, para que estos sean más transparentes, ágiles y confiables. Por tanto, el acceso a la justicia digital es un elemento de suma importancia para la sociedad moderna, ya que, por ejemplo, el 80% de los latinoamericanos considera que en los tribunales existe algún tipo de corrupción (Latinobarómetro), y los principales factores que motivan dicha desconfianza son:

Sistemas saturados. 

Insuficiente personal capacitado.

Sobrecarga procesal.

Obsolescencia de las normas y prácticas.

En este sentido, la justicia digital en el mundo se plantea como una solución para hacer que los tribunales y otras instituciones del Poder Judicial dejen de ser lentas e ineficientes, y para que les permitan a los ciudadanos hacer trámites jurídicos de forma remota.

Justicia digital en el mundo.

Son varios los países que han decidido aprovechar la tecnología para optimizar su sistema jurídico. China, por ejemplo, es uno de los países más avanzados en temas de justicia digital en el mundo. Entre sus iniciativas más ambiciosas se encuentra la implementación de un “juez robot”, desarrollado por la Fiscalía Popular de Shanghai Pudong.

Un juez robot es un sistema de inteligencia artificial capaz de estudiar los casos judiciales y de emitir sentencias. Por ahora, este sistema es capaz de:

Atrapar a los conductores peligrosos.

Dictaminar sobre el fraude con tarjetas de crédito.

Dictar veredictos sobre robos.

El objetivo es minimizar la carga de trabajo del juez humano al automatizar ciertos procesos de análisis judicial en este tipo de procesos. Con esta iniciativa de justicia digital se minimiza la lentitud de los procesos judiciales y la acumulación de casos en tribunales. De hecho, dicho juez robot dicta de forma correcta un 97% de las sentencias.

Justicia digital en Chile.

La justicia digital en Chile se ha encaminado de forma gradual. Por ejemplo, en 2016, entró en vigencia la Ley de Tramitación Electrónica (Nº 20.886), que aborda aspectos esenciales sobre la tramitación digital de los procedimientos judiciales. En dicha ley se dispuso la creación de la Oficina Judicial Virtual, a través de la cual los ciudadanos, especialmente abogados, pueden gestionar vía online sus causas, audiencias, notificaciones y otros procedimientos legales.

Por otro lado, en 2019, se presenta el Instructivo de Transformación Digital para los órganos de la Administración del Estado. Esta iniciativa se basa en las siguientes políticas de acceso a la justicia digital: 

Política de identidad digital única: Gestionar una identidad digital única (Claveúnica) para que cada ciudadano se encuentre identificado de la misma manera en todas las plataformas digitales del Estado.

Política de cero fila: Digitalizar los trámites públicos para que los ciudadanos no tengan que hacer fila en las instituciones.

Política de cero papel: Optimizar la gestión documental y el control de expedientes para eliminar de forma gradual el uso de papel.

Análisis: Hacia una justicia digital y descentralizada.

Debido a iniciativas como estas, el Estado ha logrado consolidar la justicia digital en Chile como referencia de modernización legal para la región de América Latina. Por ejemplo, gracias al mencionado Instructivo de Transformación Digital, el Estado ya había logrado digitalizar el 86% de todos los trámites para diciembre de 2021. De hecho, en la actualidad, más de 312 instituciones del Estado disponen de la Clave Única digital como medio de autenticación.

Justicia digital en México.

En 2017 se dio una reforma constitucional en México en la cual el Congreso de la Unión tuvo la oportunidad de expedir un código único en materia procesal civil y familiar. En el proceso se acordó que, mientras se aprobaba el código durante los próximos 180 días, seguiría vigente la legislación procesal civil y familiar de la Federación de los Estados. Sin embargo, después de varios años, el Congreso Federal aún no ha expedido dicho código, lo que hace que los congresos locales no puedan reformar la normatividad para permitir la legalidad de la justicia digital.

Estos obstáculos legales han ralentizado la transformación digital de la justicia mexicana, lo que ha dificultado el trabajo remoto para los procesos judiciales durante el transcurso de la pasada pandemia por la COVID-19. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia no se ha quedado atrás en el desarrollo de mecanismos para la justicia digital en México en los últimos años, trabajo que vemos en las siguientes iniciativas:

Se diseñó la Firma Electrónica Judicial del Estado de México (FeJEM) para procesar expedientes electrónicos, consultar causas legales, iniciar demandas y juicios en línea. Esta herramienta ofrece a ciudadanos y litigantes soluciones digitales en asuntos penales, familiares, mercantiles y civiles.

Se creó un Complejo de Telepresencia para el desahogo de pruebas, acompañado de los juicios en línea con la característica de “cero papel”. Durante estos tiempos de pandemia, el Complejo de Telepresencia busca evitar aglomeraciones en el desarrollo de los juicios. Para lograrlo, el juez y el personal de apoyo judicial se presentan en una sala, mientras que en otra sala, pero bajo el mismo recinto, se presentan la defensa, los representados y demás involucrados. Todas las personas se conectan al sistema de telepresencia conformado por herramientas tecnológicas de justicia digital en México.

Justicia digital en Colombia.

El Plan de Justicia Digital en Colombia a nivel público está siendo liderado por el Consejo Superior de la Judicatura de la Rama Judicial colombiana, y un claro ejemplo de esta iniciativa es la Ley 2213 de 2022, la cual pone en vigencia el Decreto 806 de 2020, que expresa:

“Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia.”

Algunas de las consideraciones de este decreto sobre el acceso a la justicia digital en Colombia son:

Las diferentes partes de un proceso deben usar los canales electrónicos para asistir a las audiencias y realizar las diligencias correspondientes.

Los escritos, las pruebas y los anexos sobre las demandas deben ser enviados simultáneamente a las contrapartes, y demostrar la realización de dichos envíos en los juzgados.

Es posible otorgar poderes especiales a través de mensajes electrónicos, sin que la firma manuscrita o digital sea obligatoria.

Las notificaciones sobre las audiencias y otros procesos pueden realizarse vía online a las direcciones electrónicas suministradas por las partes.

¿Cómo tener acceso a la justicia digital en una firma?.

La justicia digital en el mundo, ya sea en Chile, México, Colombia u otro país, no es un tema solo de las Administraciones Públicas, también lo es de las firmas de abogados.

Mientras unas firmas jurídicas han empezado a migrar a los sistemas digitales para abogados, otras, renuentes al cambio, se han conservado tradicionales. Sin embargo, estas últimas se han visto limitadas por una creciente cantidad de documentos, información y datos que difícilmente pueden ser administrados en papel físico y procesados por humanos, lo que demuestra que la justicia digital, más que un lujo, se ha convertido en una necesidad.

Sabemos que adaptarse a la justicia digital es todo un reto para aquellas firmas que desean permanecer y posicionarse en el mercado actual tan dinámico. Sin embargo, en el sector legaltech, existen herramientas que facilitan el proceso de la digitalización de la justicia. Por ejemplo, hay tecnologías para abogados que les permiten gestionar todas sus causas judiciales vía online, sin necesidad de asistir presencialmente a los órganos del Poder Judicial.

En este sentido, la firma jurídica debe tener en cuenta los siguientes criterios al momento de seleccionar un sistema de gestión de justicia digital: Conexión directa con el Poder Judicial: Las herramientas que se sincronizan de manera automática con las páginas del Poder Judicial permiten el seguimiento de causas judiciales a través de internet. Sistema basado en la nube: Las herramientas que funcionan en la nube permiten que el abogado pueda consultar y gestionar sus casos desde cualquier parte del mundo, a cualquier hora del día y desde cualquier dispositivo con conexión a internet; facilitando así el teletrabajo jurídico. 

Protección informática:

 Es necesario que la herramienta a utilizar garantice la mayor seguridad de la información posible, para proteger la confidencialidad de los datos de los clientes en todo momento.

La herramienta para el acceso a la justicia digital más utilizada en Chile, México, Colombia y otros países de América Latina por parte de los abogados es CaseTracking. Se trata de un programa que se sincroniza vía electrónica con las páginas de los Poderes Judiciales, lo que le permite al abogado gestionar todas sus causas jurídicas a través de internet, sin importar el lugar del mundo donde este se encuentre. De esta manera, las firmas logran optimizar sus procesos, al mismo tiempo que se adaptan a las nuevas tendencias tecnológicas de la justicia digital.

Preguntas frecuentes sobre justicia digital.

¿Qué es la justicia digital?.

La justicia digital se refiere a todo lo relacionado con la implementación y el acceso a la justicia a través de medios electrónicos.

¿Qué es el sistema de justicia digital?.

El sistema de justicia digital es la estructura judicial establecida por el Estado que ejerce sus funciones legales basándose en herramientas tecnológicas.

¿Qué es el plan de justicia digital en Colombia?.

El Plan de Justicia Digital en Colombia está coordinado por el Consejo Superior de la Judicatura y su objetivo es que los servicios judiciales funcionen a través de las TIC.

¿Qué es la Ley 2213 de 2022?.

La ley 2213 de 2022 es el marco jurídico que fomenta y regula el uso de la tecnología digital para la administración de la justicia en Colombia.

Justicia digital en el mundo - Legaltech (lemontech.com)

Puede la industria legal ser un referente de igualdad de género en Colombia?

Más allá del cumplimiento de las normas legales vinculantes para cada industria hard law, es común que los abogados, ya sea como asesores externos o como abogados in-house, aconsejemos a las empresas adoptar e incorporar criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG por sus siglas en español y ESG, en inglés).

La retórica que gira en torno a las buenas prácticas ASG, se enfoca principalmente en lo que se conoce como inversiones socialmente responsables y en general, a la relevancia e interés que ha cobrado este tema entre muchos inversionistas. Sin embargo, existe un reto muy importante que consiste en que las prácticas ASG sean adoptadas por el hecho de reconocer el valor que tales prácticas generan para los negocios y las personas que hacen parte de los mismos. Inclusive, el desafío será cambiar los estereotipos que históricamente han predominado en el mundo empresarial.

 

Innegablemente los criterios de diversidad e inclusión ganan protagonismo en materia ASG. Algunas iniciativas cómo la creación del Índice de Igualdad de Género de Bloomberg (GEI) que tiene como finalidad reflejar y visibilizar el desempeño y compromiso de las empresas listadas en bolsa en relación con prácticas y políticas enfocadas a fomentar la igualdad de género o el programa Target Gender Equality (TGE) de Organización de Naciones Unidas (ONU) que pretende promover e impulsar prácticas para combatir la brecha de género entre hombres y mujeres en materia laboral, han puesto de manifiesto la importancia de fomentar entornos laborales inclusivos y dinámicos y nos permiten pensar que en un futuro cercano la equidad de género será un tema de negocio e incluso un factor determinante para la rentabilidad y valor de mercado de las empresas.

Desafío en la industria legal: igualdad.

En cuanto al sector legal, si bien aún hay grandes desafíos en materia de equidad de género, la diversidad e inclusión se han vuelto parte importante de la agenda, en una industria que tiene el potencial de ser un referente en la materia.

Considero importante destacar que varias firmas de abogados están promoviendo cambios en la cultura empresarial, haciendo posible que cada vez más mujeres ejerzan cargos directivos y de liderazgo. Destaco como ejemplo a Baker McKenzie la cual fue la primera firma global de abogados en establecer objetivos de género ambiciosos bajo la estrategia “40:40:20”. Esta pretende garantizar que los socios, profesionales de negocios sénior, directivos del comité de la firma y grupos de candidatos para reclutamiento estén compuestos en un 40 % de mujeres, en un 40% de hombres y en un 20% flexible (mujeres, hombres o personas no binarias) para 2025.

Adicionalmente, me gustaría destacar importantes avances en las ramas y órganos del poder público en Colombia que tradicionalmente han sido conformados y liderados por hombres. Actualmente cuatro de los nueve magistrados titulares de la Corte Constitucional de Colombia son mujeres. Incluso, ejercen cargos de presidente y vicepresidente de dicha corte.

Asimismo, en 2022 por primera vez, se logró que la participación de las mujeres en el Congreso de la República de Colombia se acercara al 30%, superando el promedio global que es de 26,1%, según datos de la Unión Interparlamentaria (IPU, por sus siglas en inglés).

Estos datos son esperanzadores y reflejan avances en materia de equidad de género. Seguir promoviendo y dando visibilidad a la igualdad de género en la industria legal convirtiéndola en un referente para otros sectores de la economía es una manera de fomentar el interés y seguir construyendo el camino para lograr una cultura empresarial diversa, incluyente y empoderadora.

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En qué consiste el proceso de due diligence al vender o traspasar una compañía?

Este proceso responde a una auditoría realizada por consultores externos que examinan al detalle las distintas áreas de la compañía.

Antes de vender o traspasar una compañía, o incluso antes de invertir en una empresa emergente, es importante tener en cuenta que todos los detalles en los frentes financieros y legales estén al día. Para ello, además de los reportes en cada uno de estos sectores, las empresas adelantan un proceso de auditoría con el objetivo de que no se presenten obstáculos en estos ámbitos al momento de la venta, el cual es conocido como due diligence o debida diligencia.

Este proceso responde a una investigación o auditoría realizada por uno o varios consultores externos, quienes examinan al detalle las distintas áreas de la compañía que está a punto de ser vendida con el objetivo de determinar si esta cumple con sus obligaciones y no existen riesgos legales sustanciales derivados de su actividad. Por lo general, antes de llevar a cabo este procedimiento, la compañía debe hacer un análisis previo el cual deberá pasar a los consultores externos antes de la auditoría.

La debida diligencia, en la mayoría de los casos, inicia con la solicitud de un listado de información sobre estados financieros, contratos, propiedad intelectual e industrial y asuntos corporativos, fiscales y contables.

Si bien este procedimiento se debe adelantar en primera medida respecto a los estados financieros de la compañía, el ámbito legal también cuenta con una participación importante dentro de la diligencia ya que, además de tener en cuenta varios aspectos pendientes que pueda tener la compañía en esta materia, entra a vigilar los contratos laborales de los empleados.

En esta revisión, entre otras cosas, es posible verificar los títulos y certificaciones de los trabajadores, así como obtener mayores garantías respecto al proceso de contratación de nuevos empleados pues, bajo una nueva administración, se podrá completar la perspectiva sobre el candidato con pruebas psicológicas, mediante una solicitud y, además, con el permiso del aspirante, realizar una verificación de crédito si el puesto implica acceso a cuentas financieras u otras funciones relacionadas.

“Estas auditorías pueden tener la profundidad y nivel de análisis necesario para que la administración tome decisiones respecto del futuro de la compañía, teniendo en cuenta que este es uno de los primeros pasos dentro de un proceso de fusiones y adquisiciones”, explicó Juan Guillermo Nur Vega, asociado en Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).

Por ello, en cuanto a los aspectos legales de la empresa, la tarea de la debida diligencia es verificar si esta tiene el título legal para vender la propiedad de todos los activos, así como establecer que los asuntos regulatorios y de litigios estén totalmente cubiertos.

El proceso, además, deberá determinar que no existen problemas financieros que no se hayan detectado con anterioridad, con lo cual, como resultado, podría obtener una visión más amplia sobre la posición de la empresa en el mercado y su entorno regulatorio.

En ese sentido, entre las áreas clave a investigar por parte del due diligence están los litigios pendientes, los registros de nómina, los archivos de personal, los temas ambientales (en caso de necesitar licencias de este tipo), entre otros.

Antecedentes.

El proceso tiene en cuenta varios aspectos tanto desde el lado del comprador como del lado del vendedor. En este sentido, según explicó Nur, “si bien estas auditorías de vendedores se ponen a disposición de los potenciales compradores, ello no obsta para que estos últimos adelanten un proceso de auditoría adicional para corroborar, o incluso encontrar otras fallas y contingencias, aunque esto no desdibuja o le resta importancia a la auditoría de vendedores”.

¿En qué consiste el proceso de due diligence al vender o traspasar una compañía? (asuntoslegales.com.co)

Ojo con el maltrato laboral, hay sanciones

No olvide que trabaja con seres humanos y que merecen un respeto y trabajo digno. El hecho de estar ofreciendo un tiempo de su vida, no significa que merezca un trato que atente contra su dignidad.

Si usted se ha sentido maltratado o maltratada en el trabajo por su jefe o por algún compañero, lo insultan continuamente, se burlan de su cuerpo o de algún defecto físico, lo hacen quedar en ridículo, le ponen más carga laboral que a los demás o, por el contrario, lo o la asedian con piropos y frases malintencionadas, tenga en cuenta que esto no es normal. Le están haciendo acoso o maltrato laboral.

Según Ricardo Andrés Rincón Montoya, director territorial Caldas del Ministerio del Trabajo, la situación se ha vuelto tan complicada que mientras el año pasado se habían reportado 25 quejas por presunto acoso laboral presentadas ante el Ministerio del Trabajo, para este año ya van 58, lo que representa un aumento del 132% en lo corrido del año.

Por esta razón, es importante que lea este artículo con el fin de que determine el camino que debe seguir, dependiendo si es empleado público o privado. Con la ayuda, del director del Mintrabajo, le presentamos algunos tips y recomendaciones para que tenga en cuenta.

¿Cuándo se tipifica un acoso laboral?.

La Ley 1010 del 2006 es clara en determinar las modalidades de acoso laboral y las conductas. Dentro de ellas se incluyen el maltrato, la persecución, la discriminación, el entorpecimiento, la inequidad y la desprotección laboral. Entre ellas se incluyen aspectos como:

* La constante y continua descalificación de un superior frente al trabajo de su subordinado, más si esa descalificación se hace de manera pública.

* El aumento de órdenes de trabajo y mayor carga laboral frente a sus compañeros, con el fin de aburrir al empleado y buscar que renuncie. La Ley ordena un trabajo igual, salario igual.

* La constante amenaza de despido.

* La persecución por ser mujer, por estar en un fuero de manternidad, por estar enfermo, por tener alguna condición de discapacidad o porque es adulto mayor y ya no le rinde tanto el trabajo.

* El trato discriminatorio y comentarios racistas. Estos comentarios, que antes solo se tipificaban como un insulto, hoy en día incluso tienen implicaciones penales.

* Por su aspecto o características físicas, su condición sexual, tendencias políticas o religiosas.

* Los apodos y burlas que buscan degradar a la persona.

* Los piropos y exceso de palabras dulces que pueden tipificarse no solo como acoso laboral, sino como acoso sexual.

* La norma habla de conductas reiteradas, ajenas a un momento de acaloramiento donde se presentó un discusión, lejos de la intencionalidad de agredir a sus compañeros o afectarlos moral o físicamente. Sin embargo, aunque existe el típico dicho de que "yo hablo así", si las malas palabras son continuas y agravian u ofenden a sus compañeros, subordinados o jefes, también hay causales de maltrato.

A qué puede estar expuesto.

El proceso incluye inicialmente una audiencia, se buscan unos acuerdos y compromisos ante el Comité de Convivencia Laboral que debe tener la empresa, y se hace un seguimiento a esos compromisos sobre la conducta del presunto acoso.

Si los problemas continúan, el caso se puede llevar a un juez laboral. El caso puede llegar incluso a la terminación del contrato de trabajo para quien incurrió en esta conducta.

En el sector público, el hecho es más complejo, ya que si el conflicto no se resuelve en el Comité, este deberá remitirse a la Procuraduría y se podría tipificar una falta de conducta gravísima, lo que puede conllevar a la destitución del cargo.

Si una empresa no tiene Comité de Convivencia está expuesto a una sanción económica de entre 1 y 5 mil salarios mínimos, es decir entre $1 millón y hasta $500 millones.

Si hay casos de empresas que no cumplen con las garantías laborales y hay acoso, el empleado puede

buscar un proceso de autodespido, en el que presenta su renuncia motivada, con las pruebas del caso, que pueden conllevar a una indemnización de parte del empleador.

Si el empleado recibe insultos, pero son en privado, debe hacer un relato coherente y aportar las pruebas de dicho acoso, incluyendo los mensajes que le envían por whatsapp, los correos, los memorandos, y quejas para inicio de procesos disciplinarios, aunque no existan causales justificadas.

Tips para el empleador.

1. No se olvide incluir dentro del reglamento interno de trabajo los mecanismos para combatir las posibles conductas de acoso laboral.

2. Procure que en su empresa exista un Comité de Convivencia Laboral (Cocola) que deberá contar con representantes del empleador y de los trabajadores. Ellos serán los encargados de conocer las quejas por presunto acoso laboral.

3. No solo es importante tener este comité, sino capacitar a estos delegados en técnicas de conciliación para hacer bien su trabajo de representación.

4. El empleador deberá procurar que el ambiente laboral de su empresa sea agradable. Un trabajador que vaya a laborar feliz en su empresa es más productivo que otro que está afectado.

5. Un buen ambiente permite que se reduzcan las incapacidades por estrés, por ansiedad y por las enfermedades que se pueden generar de un acoso laboral.

Tips para los trabajadores.

1. Tenga en cuenta los roles en su empresa. Si es directivo u operativo.

2. Siempre tenga en cuenta el respeto claro que debe tener frente a sus compañeros.

3. Recuerde la importancia de acudir ante las instancias competentes, en caso de sentir que está siendo víctima de un presunto acoso laboral. Estas son en su orden:

a. Comité de Convivencia Laboral (Cocola).

b. Si no tuvo éxito en dicho comité o no existe, puede acudir al Ministerio del Trabajo si labora en una empresa privada o a la Procuraduría si es sector público. En ambos casos debe existir Comité.

c. Recuerde que únicamente quien declara que existió acoso laboral es el juez laboral y por ende, solo este podrá determinar las sanciones que establecen por ley.

d. El Ministerio de Trabajo podrá generar acciones sancionatorias frente al empleador que no haya creado en su empresa el Comité de Convivencia Laboral.

Ojo con el maltrato laboral, hay sanciones (lapatria.com)